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El prolongado drama de más de 150 familias afectadas por el colapso financiero de la Corporación Delta Intur constituye también un serio cuestionamiento a la credibilidad del Mercado de Valores, un instrumento financiero con un auspicioso desarrollo en la República Dominicana, en opinión del abogado Lincoln Hernández Peguero.
El jurista entiende que la prolongación del proceso para conocer las medidas de coerción solicitadas contra los ejecutivos de Delta Intur, está llevando a la desesperación a las familias perjudicadas por el uso irregular de los recursos depositados en esa entidad en forma de bonos y papeles comerciales, que debieron ser garantizados por las instituciones reguladoras del sistema.
“Estas familias que han visto desaparecer sus ahorros de toda la vida y que no perciben una respuesta eficiente del Estado para penalizar a los responsables y compensar a las víctimas, están comenzando a perder la fe en las instancias que están llamada a representar a la sociedad”, expresó Hernández Peguero.
Aunque reconoció que existen factores técnicos y legales que justifican los reenvíos dispuestos por el tribunal que conoce las medidas de coerción, consideró que los representantes de Delta Intur y empresas vinculadas, muchos de ellos fuera del país, están utilizando todos los subterfugios posibles para darle larga a una decisión inevitable, mientras disfrutan de bienes que no les pertenecen legítimamente.
Hernández Peguero destacó la frustración que embarga a las familias afectadas por la quiebra de Delta Intur, luego que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva decidió posponer para el próximo 6 de septiembre el conocimiento de las medidas coercitivas solicitadas por la Fiscalía del Distrito Nacional contra ejecutivos de la empresa.
“Se trata de un grave problema para estas familias, pero también es un serio cuestionamiento para el Mercado de Valores como instrumento del sistema financiero, porque está creando un ambiente de duda y desconfianza sobre la seguridad de ese mecanismo de ahorro e inversión”.
Hernández Peguero forma parte del concejo de abogados de los bonistas y obligacionistas de Delta Intur junto a los doctores Luis Miguel Rivas, Santiago Rodríguez, Laura Acosta, Eric Raful, Gustavo Biaggi e Hipólito Herrera Vasallo
La Fiscalía del Distrito Nacional y los abogados de las familias afectadas, solicitaron medidas de coerción contra los señores Leonardo Sánchez Heredero Alvarez, Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Moina, Francisco Cerén y Julio José Vega López, acusados de incurrir en los delitos de estafa, asociación de malhechores, abuso de confianza, lavado de activos, falsedad de escritura y uso de documentos falsos.
El expediente incluye como “terceros civilmente responsables de las acciones delictuosas” a las razones sociales Corporación Delta Intur, S. A. (DELTUR); Grupo Inmobiliario Delta, S. A.; Promociones Keops, S. A.; e Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR). Además se solicitaron medidas de coerción reales a 32 compañías que se habrían utilizados con el fin de distraer inmuebles.
