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Por Marcos Lozano
La no actualización del software del Padrón Electoral por parte de empresas privadas, instituciones públicas y entidades de intermediación financieras, así como de universidades del país, se constituye en el gran negocio para la Junta Central Electoral, el cual le generaría una suma entre 470 y 611 millones de pesos.
Si partimos de informaciones emitidas por el propio organismo, quien señaló que fueron emitidas unas 470 mil 440 cédulas para los nuevos votantes en las elecciones presidenciales del año 2012.
Partiendo que los nuevos inscritos para ejercer por primera vez su derecho al voto son la mayoría jóvenes, que necesitan incorporarse al mercado laboral productivo, inscribirse en universidades o desean la apertura de una cuenta bancaria, para lo que requerirán por obligación del documento certificado que expide la Junta Central Electoral.
Como la Junta es un organismo dotado de autonomía financiera y presupuestaria, a su pleno se le ocurrió la brillante idea de establecer mediante resolución de fecha 07 de diciembre del 2012, una serie de medidas de carácter administrativo, en la que fija el cobro de mil pesos dominicanos como tributo para la expedición de la certificación de la cedula nueva, documento que le sería entregado a los cincos días de la solicitud, generando por este concepto la suma de 470 millones 440 mil pesos.
La Junta cobra mil 300 pesos para emitir la certificación después de unas tres horas de solicitado, aplicando la modalidad VIP (Vía Rápida), por la certificación de cedula nueva, obteniendo por este concepto la escalofriante suma de 611 millones 572 mil pesos dominicanos que salen de los bolsillos de los dominicanos.
Estos costos súper elevados que estableció al contribuyente el organismo colegiado, los utiliza para compensar los ingresos económicos que por concepto de la venta del software actualizado del padrón electoral no puede obtener de las empresas privadas, instituciones públicas, entidades bancarias y universidades del país, por el elevado costo que cobra la Junta Central Electoral.
La pregunta obligada sería. ¿Debe pagar el ciudadano común ese elevado costo por un documento original expedido por el único organismo responsable de emitirlo? Captando todos los datos biométricos que dispone en su base de datos. Pues dispone de un personal y solo usa papel Bon 20 y un poco de tinta, para tal fin.
La Junta en su voracidad fiscal demuestra su falta de escrúpulos. A los jueces del pleno tampoco le importa sacrificar al pueblo a costa de garantizar un estatus y privilegios a costa de una sociedad indefensa.
Cada día la expedición de certificaciones de cedulas nuevas es mas creciente, porque miles de ciudadanos que acuden a la entidad es más real y contundente, en virtud de que a los fines de obtener trabajo, inscribirse en la universidad, la apertura de cuentas bancarias, donde se requiere la constancia de una certificación del documento de Identidad y Electoral, porque las empresas no cuentan con el software actualizado, acción que le genera sumas millonarias a la Junta Central Electoral.
