La portavoz de esa oficina, Ravina Shamdasani, expresó una profunda preocupación por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del país el pasado 26 de septiembre, que podría retirar la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas y dejarlas sin servicios esenciales.
Añadió que esa decisión puede dejar a muchos individuos en un limbo constitucional y sin acceso a servicios básicos, para los que se requieren documentos de identidad.
“Hasta 2010 la República Dominicana seguía el principio de ofrecer automáticamente la nacionalidad y ciudadanía a cualquier persona nacida en su territorio, pero en ese año, una nueva Constitución estipuló que la ciudadanía se le otorgaría solamente a aquellos nacidos en territorio dominicano de al menos un padre de sangre dominicana y cuyo padre extranjero fuese residente legal”, dijo Shamdasani.
Citó que la decisión del Tribunal, que es inapelable, da a la Junta Nacional Electoral un año para elaborar una lista de personas a las que se les debe retirar la ciudadanía.